La legítima defensa

Por Juan Antonio Montes Varas

Director Acción Familia

Es sabido que todos los seres vivos, cuando son atacados, se defienden, y cuando no lo hacen, se dice que se encuentran en estado de agonía, porque ya no reaccionan.

Naturalmente, esta ley también se aplica a los seres humanos. Toda persona injustamente atacada en su seguridad, en su propiedad o en su integridad física tiende instintivamente a defenderse.

Es lo que justifica el empleo de la legítima defensa, cuando ella es proporcionada y tiene como objetivo la defensa propia o de alguna otra persona injustamente atacada.

La sociedad en su conjunto ejerce normalmente la legítima defensa a través de los organismos policiales, Carabineros de Chile y la PDI para prevenir y reprimir el crimen organizado y llevar a los culpables a los Tribunales de Justicia.

Ahora bien, las dificultades comienzan cuando los organismos propios para la defensa de la sociedad no consiguen prevenir o reprimir debidamente el crimen organizado, sea porque éste cuente con fuerzas superiores, sea porque la autoridad política no les entrega a dichos organismos las herramientas necesarias para cumplir su misión.

¿Qué hacen entonces las potenciales víctimas?

Ésta fue la pregunta que le hizo al Subsecretario del Interior Sr. Mahmud Aleuy el Gerente General de un mall afectado por un robo agravado por una muerte.

El agente de seguridad, Sr. Francisco Manríquez, resultó muerto, pues se enfrentó desarmado contra los asaltantes, ¿Es razonable tener guardias desarmados frente a asaltantes cada vez más violentos y asesinos?

Si los bancos tienen vigilantes armados, al igual que las empresas de transporte de valores, ¿por qué no pueden tenerlos los agentes de seguridad de los malls que están siendo blancos de permanentes asaltos? ¿No sería mejor esto, a que cada local comercial tenga que armarse con escopetas o pistolas para defenderse de un ataque?

La respuesta del Subsecretario del Interior fue “que se estudiará si los guardias también podrán utilizarlas”.

El problema que sufren los malls, lo están padeciendo desde hace más tiempo y con un mayor número de víctimas fatales todos los propietarios rurales de la Araucanía, al punto de que un Obispo de la zona, Monseñor Stegmeir declaró que en la zona ya no existe el Estado de Derecho.

Al respecto de la quema del Seminario San Fidel de Villarrica y de las Iglesias católicas (cuatro en la Diócesis de Temuco y una en la de Villarrica), el Obipo de la zona declaró a la prensa: “La acción de quemar capillas  no está directamente vinculada con la recuperación de tierras. Tampoco la toma del Seminario San Fidel. (…). La finalidad de los grupos violentistas es ideológica. Su pretensión es desestabilizar el orden social por medio de la lucha de clases, para alcanzar el poder político”. Y preguntado por los periodistas, ¿ Qué llamado hace al Gobierno? El Obispo respondió:

“El Gobierno debe hacer respetar el Estado de Derecho para asegurar a cada uno lo que le corresponde en justicia. (…).. En tan grave situación, se requiere el compromiso y la participación de todos, incluyendo al Estado”.

Lo que parce más razonable delante de esta situación, comentamos nosotros, es que el Estado le permita a las posibles víctimas ejercer su derecho de legítima defensa permitiéndoles la organización de un servicio de defensa para impedir la repetición de estos ataques.

En el caso del asesinato del matrimonio Lutsinger Mackay, por ejemplo, sólo fue detenido uno de los hechores porque la víctima alcanzó a disparar a los agresores, antes de ser quemado vivo al interior de su casa, junto con su Sra. 

El último de los atacados en la zona de Ercilla, el agricultor Álvaro Bernedo, así comentó a los medios el asalto que le tocó sufrir: “Abrí la puerta y vi que una de las personas se da vuelta hacia mí. La cerré, me cubrí hacia un lado, y me disparó dos veces. Una de las balas atravesó la puerta. La abrí de nuevo y comencé a disparar. Y ahí comenzó la balacera. Yo disparaba a través del mismo orificio que había dejado la primera bala de ellos en la puerta de mi dormitorio”.

Y para alertar a sus vecinos, el agricultor atacado afirma: “…su objetivo no era ir en contra mía en particular. El objetivo era quemar cualquier casa, para que los vecinos y todos en La Araucanía sigamos sintiendo temor, que todos los agricultores percibamos que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir un ataque como éste”. O sea, es el imperio del crimen en toda una región.

Ante este y tantos otros testimonios de las víctimas que consiguieron sobrevivir, la pregunta que se pone es: ¿por qué los agricultores de la zona sur no pueden también tener su propio servicio de seguridad que cuente con los medios necesarios para inhibir, neutralizar y ahuyentar a los atacantes?

Quizá algún auditor nos podría objetar que de este modo lo que estamos proponiendo es una verdadera guerra civil en Chile, entre los promotores de la violencia armada y los defensores de las víctimas.

A este hipotético objetante le respondemos que la guerra civil es producida por quien predica y practica la violencia generalizada y por la demisión de las autoridades delante de esos crímenes y no por quienes obstan a que la violencia se trasforme en un hecho consumado e impune en toda la zona sur del País.

A veces un estado de agitación como el arriba descrito avanza como una gota de aceite en un papel. Y se va transformando, sin que lo percibamos claramente, de una simple agitación en una semi-guerra civil, rumbo a la guerra total. ¿No estaremos en un punto más o menos adelantado de ese proceso?

Fue así que empezaron las Farcs en Colombia. Llevan medio siglo y aún se ve lejos la rendición definitiva de esa guerrilla.

Muchas gracias, y recuerde que nos puede seguir en www.accionfamilia.org

Hasta la próxima semana.